Vista general de los ponentes, momentos antes de comenzar. De izquierda a derecha: Carlos Pardeza, Enrique Moreno, Manolo Gómez, Ana Candón, Emilio Cortés y Javier Gómez Vallecillo.

Emilio Cortés anunció en la mesa organizada por la Federación de Peñas Cadistas que la junta general de accionistas del Cádiz CF prevista para el 30 de septiembre no se celebrará ese día. El catedrático afirmó estar autorizado para comunicarlo y explicó que la convocatoria no estaba publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Vinculó además la ampliación de los plazos al propósito de dar mayor transparencia al proceso de reestructuración societaria y facilitar el acceso a la información.

El anuncio fue la principal novedad del encuentro celebrado el 10 de septiembre en la Asociación de la Prensa de Cádiz. La otra advertencia destacada correspondió al abogado Javier Gómez Vallecillo, que señaló la ausencia de un informe de experto independiente y planteó que podría constituir un defecto formal relevante para impugnar el acuerdo. Su interpretación discrepa de la que recoge el proyecto del club, que sostiene que el procedimiento simplificado permite prescindir de ese informe.

La periodista Ana Candón moderó una mesa integrada por Emilio Cortés, Javier Gómez Vallecillo, Enrique Moreno, Manolo Gómez y Carlos Pardeza. Durante alrededor de una hora y media, en una jornada coincidente con el 116.º aniversario del Cádiz, debatieron sobre las garantías patrimoniales y deportivas de la operación. Javier López, presidente de la Federación, explicó que el estudio de los documentos publicados por el club había generado preguntas que las peñas querían abordar públicamente.

Según informó Candón, el Cádiz CF y el Ayuntamiento habían declinado las invitaciones para participar; en el caso municipal, se había comunicado que el alcalde estaba fuera de la ciudad.

Una reorganización que cambia la posición del club

La denominada escisión financiera inversa fue el punto de partida. El proyecto publicado por el Cádiz CF contempla separar su participación en Sport City Cádiz y asignar participaciones de esta sociedad a los accionistas del club. Después prevé aportaciones de acciones del Cádiz a Sport City y de esta a Nomadar, hasta que Nomadar pase a ostentar, al menos, la mayoría del capital del club. El Cádiz conservaría su personalidad jurídica, pero cambiaría su posición dentro del grupo. El documento presenta la mejora del acceso a financiación internacional entre las razones de la reorganización.

Cortés anuncia más plazo y defiende el encaje legal de la operación

Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal y exconsejero del Cádiz.

El anuncio de Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura y exconsejero del Cádiz, llegó en el tramo final del debate, cuando se discutían los plazos y las posibilidades de reacción de los accionistas. Afirmó estar autorizado para avanzar que la junta no se celebraría el 30 de septiembre y relacionó ese cambio con la falta de publicación de la convocatoria en el BORME y con la voluntad de ampliar la transparencia. La información fue comunicada por Cortés ante los asistentes; el club no estuvo representado en la mesa.

Durante sus intervenciones anteriores, Cortés había defendido analizar la reorganización dentro del marco societario en el que funciona el Cádiz.

Su intervención buscó aportar tranquilidad frente a interpretaciones que pudieran asociar automáticamente complejidad con irregularidad. Subrayó que existen obligaciones de publicidad y responsabilidades para los administradores, y sostuvo que la creación de filiales o la transmisión de participaciones no constituyen por sí mismas actuaciones sospechosas. También diferenció la fase de escisión de las posteriores transmisiones del control accionarial y de las autorizaciones deportivas que, según explicó, corresponderían en esas etapas.

En el plano económico, Cortés defendió que la reorganización persigue facilitar financiación y liquidez. Esa expectativa fue discutida por otros miembros de la mesa, que reclamaron identificar cómo se trasladarían los recursos al Cádiz. El intercambio permitió concretar una de las discrepancias centrales: mientras el catedrático puso el acento en las posibilidades de financiación que puede abrir la estructura, otras intervenciones exigieron compromisos verificables sobre el retorno al club.

Cortés destacó también el carácter finalista de los fondos de LaLiga Impulso y el control de LaLiga sobre su utilización. Señaló que no le constaban reproches del organismo por un destino indebido. Aludió además a un archivo judicial sobre determinadas inversiones. Moreno discrepó sobre su alcance y destacó su carácter provisional, evidenciando otra diferencia entre ambos.

Gómez Vallecillo cuestiona la ausencia del informe independiente

Javier Gómez Vallecillo, abogado y vicepresidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo.

Javier Gómez Vallecillo, abogado, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, situó la ausencia de un informe de experto independiente entre sus principales objeciones. Explicó que no había encontrado ese documento en el proyecto examinado, lo consideró preceptivo y apuntó que su falta podría constituir un defecto formal relevante para impugnar el acuerdo. Su advertencia respondió a las dudas del público sobre la capacidad de los minoritarios para actuar ante la mayoría accionarial.

El jurista defendió que la ley debe cumplirse y que los accionistas pueden exigir ese cumplimiento. Sobre el informe existe una discrepancia expresa: el proyecto del club sostiene que no resulta necesario por el régimen simplificado al que se acoge. La intervención de Gómez Vallecillo planteó, por tanto, una objeción jurídica a ese criterio, sin que la mesa resolviera la controversia.

Su preocupación fue la suficiencia de las garantías. Planteó qué ocurriría con el club si las expectativas de inversión no se materializan o si empeora su situación deportiva. A su juicio, las posibilidades de negocio deben acompañarse de compromisos que permitan sostener la participación en la competición. Esa exigencia le llevó a pedir mayor claridad sobre los financiadores, los recursos y la protección del patrimonio.

Gómez Vallecillo consideró aconsejable disponer de pronunciamientos de los organismos deportivos antes de avanzar. Diferenció la oportunidad de consultar al Consejo Superior de Deportes de la necesidad de contar con LaLiga en cuestiones que pueden afectar al control económico y a la competición. También señaló aspectos que, según su lectura, merecían mayor precisión, como la situación de los trabajadores y la conversión de acciones en participaciones de una sociedad limitada.

La posición de los pequeños accionistas ocupó otro tramo de su intervención. Advirtió sobre la pérdida de peso que pueden experimentar ante ampliaciones de capital y sobre la concentración de decisiones durante el proceso. Su enfoque fue preventivo: identificar las facultades de cada órgano, los derechos de información y los mecanismos de reacción de quienes discrepen, antes de que las decisiones desplieguen sus efectos.

Enrique Moreno reclama credibilidad y protección patrimonial

Enrique Moreno, accionista minoritario y abonado del Cádiz desde 1975.

Enrique Moreno intervino desde su condición de accionista minoritario y desde una vinculación con el Cádiz que se remonta, como abonado, a 1975. Comenzó por la estructura accionarial y el consejo de administración, y explicó que había solicitado información sobre determinados nombramientos. Citó cuentas anuales, documentación registral, comunicaciones del club y documentos de Nomadar entre las fuentes utilizadas en su análisis.

Su preocupación inicial fue la existencia de controversias sobre operaciones anteriores. Moreno señaló que determinadas ampliaciones de capital y transmisiones de acciones estaban siendo cuestionadas por vías arbitrales o judiciales. A su entender, el resultado de esos procedimientos podía afectar a la estructura sobre la que se pretende desarrollar la reorganización. Planteó esa circunstancia como una incertidumbre que debía incorporarse al debate, sin dar por resuelto el desenlace de las reclamaciones.

Moreno insistió especialmente en la credibilidad de los promotores. Repasó anuncios de Sport City, cambios de ubicación y distintas valoraciones del proyecto, y reclamó explicaciones sobre las relaciones económicas entre las sociedades. Su argumento fue que una expectativa empresarial necesita respaldo en activos, cobros y compromisos identificables. Desde esa perspectiva cuestionó que el Cádiz pudiera acabar bajo el control de Nomadar y mencionó las advertencias sobre continuidad empresarial que, según expuso, figuraban en la información financiera de esa compañía.

Las operaciones vinculadas a terrenos y préstamos ocuparon una parte importante de su intervención. Pidió distinguir entre beneficios contabilizados y dinero efectivamente recibido, y cuestionó la valoración de acciones aceptadas como contraprestación en determinadas operaciones. Lo que reclamaba era conocer con precisión qué conserva el Cádiz, quién le debe dinero y en qué condiciones puede recuperar esos importes. Su planteamiento convirtió la lectura de los balances en una pregunta sobre la capacidad futura de sostener al equipo.

La relación con la ciudad fue su otra gran preocupación. A partir de su lectura de un acuerdo comercial relacionado con el futuro recinto de El Puerto de Santa María, planteó dudas sobre dónde jugaría el Cádiz y contrapuso esas referencias a anteriores manifestaciones de sus dirigentes sobre la permanencia en la capital. No quedó acreditado en la mesa un traslado decidido. Sí se formuló una demanda de claridad y Moreno propuso buscar una reunión con el alcalde para abordar una cuestión que, a su juicio, afecta directamente a la ciudad y a la afición.

Manolo Gómez pregunta por el beneficio para el equipo

Manolo Gómez, miembro de la directiva de la Federación de Peñas Cadistas y creador de Cadistas1910.

Manolo Gómez, miembro de la directiva de la Federación de Peñas Cadistas, creador de Cadistas1910 y presidente de la peña del mismo nombre, trasladó el debate a la perspectiva del aficionado. Había sido presentado como autor del estudio sobre la operación elaborado en el ámbito de la Federación. Su pregunta fue directa: ¿en qué beneficia esta reorganización al Cádiz CF?

Gómez centró su análisis en la relación entre recursos económicos y rendimiento deportivo. Recordó la importancia del límite salarial para construir una plantilla competitiva y cuestionó qué mejora efectiva proporcionaría la operación. Para un aficionado, explicó, el interés de una ampliación de capital está también en que permita reforzar al equipo. De ahí su insistencia en conocer cuánto de ese esfuerzo económico se traduce en capacidad de competir y cuánto queda condicionado por otros movimientos del balance.

Según los cálculos que expuso, la combinación de ampliación y escisión podía dejar al club con un patrimonio inferior al previo, pese a la magnitud de la ampliación. Presentó esa lectura como una razón para reclamar explicaciones comprensibles. Su intervención puso sobre la mesa que anunciar una cifra elevada de capital no permite, por sí solo, conocer el resultado final para la entidad deportiva: es necesario examinar el conjunto de entradas, salidas y efectos patrimoniales.

También defendió que la relevancia social del Cádiz y su relación con las administraciones justifican un examen que vaya más allá del cumplimiento formal de las normas. El uso de espacios públicos y las aportaciones institucionales aparecieron en el intercambio, en el que se distinguieron patrocinios y subvenciones. Su argumento de fondo fue la responsabilidad que acompaña a una empresa con una vinculación tan estrecha con la comunidad que la sostiene.

Carlos Pardeza examina los activos y las obligaciones

Carlos Pardeza, aficionado cadista y seguidor documental del proceso.

Carlos Pardeza, aficionado cadista, presentado por su seguimiento documental del proceso, expresó una posición crítica con la operación. Su intervención se centró en el equilibrio entre el patrimonio que saldría de la estructura del Cádiz y las obligaciones que continuarán vinculadas al club. Según su análisis, esa relación podría comprometer la capacidad económica de la entidad.

Pardeza llamó la atención sobre la diferencia entre un apunte contable y una entrada de efectivo. Al referirse a una ampliación mediante compensación de créditos, sostuvo que la prima de emisión asociada a aquella operación no suponía una nueva aportación de dinero en ese momento. La precisión conectó con las dudas de otros ponentes sobre la liquidez: una mejora o una valoración reflejada en los libros necesita ser explicada para que el aficionado pueda entender qué recursos están realmente disponibles.

Otro eje de su intervención fue el peso de los compromisos vinculados a los fondos de LaLiga Impulso. Pardeza advirtió de que, en su lectura, el Cádiz mantendría obligaciones a largo plazo mientras perdería el control directo de activos y sociedades. Relacionó ese escenario con los recursos destinados a confeccionar plantillas. La financiación de infraestructuras, sostuvo, debe evaluarse también por las cargas que deja al proyecto deportivo durante los ejercicios siguientes.

En el diálogo sobre terrenos y operaciones entre empresas insistió en distinguir el reconocimiento de un derecho de cobro del cobro efectivo. Esa observación reforzó una de las cuestiones más concretas de la tarde: ¿qué garantías existen para que los importes que aparecen como activos se conviertan en recursos utilizables por el Cádiz? Las cifras fueron objeto de intercambios y matices, pero la necesidad de explicar esa diferencia quedó claramente planteada.

El público lleva el debate a la experiencia del cadismo

El público, durante el tramo de preguntas del debate en la Asociación de la Prensa de Cádiz.

El tramo final incorporó preguntas sobre la capacidad real de intervención de los minoritarios, la solvencia de las sociedades implicadas y el beneficio inmediato del cambio. Un asistente cuestionó que el Cádiz pasara a depender de una empresa cuyo valor, a su juicio, se apoyaba en expectativas aún por desarrollar. Otros preguntaron hasta qué punto el peso de los grandes accionistas condiciona cualquier oposición en una junta general.

Las intervenciones también devolvieron la conversación al significado de pertenecer al Cádiz. Un aficionado evocó el sentimiento que pasa de abuelos a nietos y de padres a hijos, y pidió aclarar a quién se aludía al hablar de socios beneficiados. También se describieron dificultades para obtener respuestas en las juntas. Fueron experiencias y valoraciones de los asistentes que mostraron preocupaciones concretas sobre información, trato y participación.

Ana Candón cerró agradeciendo las aportaciones y expresó su deseo de que los asistentes se marcharan con las ideas más claras.